Quienes defraudan a Hacienda más de 120.000 euros incurren en delito fiscal. No obstante, si quien actúa de esta forma es una SA o SL, ¿quién se considera autor del delito: la propia sociedad o su administrador? ¿Pueden serlo ambos?
Delito fiscal
Ambos responden
Las SA o SL también pueden cometer delito fiscal y tener responsabilidad penal cuando el delito haya sido cometido en su nombre o por su cuenta y en
su provecho. Los actuantes pueden ser tanto los administradores (de hecho o de derecho) como cualquier empleado (apoderado o no) que haya actuado por cuenta de la sociedad y al que no se haya controlado de forma suficiente.
Si el delito lo comete cualquiera de las personas indicadas, pero sólo en provecho de ellos mismos, la sociedad no será responsable.
... y los autores materiales. El hecho de que la sociedad pueda ser condenada no excluye la posibilidad de que la persona física que ha cometido el delito también pueda serlo. Si no fuera así, los administradores de personas jurídicas podrían realizar actos delictivos por cuenta y en provecho de éstas con la “tranquilidad” de que ellos nunca serían condenados.
Siempre que haya dolo
Elemento adicional. Eso sí: para que exista delito fiscal es necesario que exista una intención y conocimiento expreso de que se está defraudando a Hacienda. Este “plus” de intencionalidad no se aplica en el ámbito de las sanciones administrativas, que pueden ser impuestas en caso de simple negligencia u olvido (cuando no hay dolo, sino sólo culpa).
Por ejemplo, si una empresa deja de ingresar las retenciones, sólo serán responsables quienes hayan tomado esa decisión. No existirá responsabilidad penal para los administradores que no lleven la dirección económica del negocio y, por tanto, no hayan intervenido.
Defraudación tributaria
En concreto, se considera delito de defraudación tributaria:
La elusión en el pago de tributos de cantidades retenidas –o que se hubieran tenido que retener– o de ingresos a cuenta de retribuciones en especie.
La obtención indebida de devoluciones o el disfrute indebido de beneficios fiscales.
Cuantía: Estas conductas sólo se convierten en delito cuando la cuota no ingresada o los beneficios fiscales indebidamente obtenidos exceden de 120.000 euros por cada impuesto y período impositivo. Así, en una inspección de varios impuestos y ejercicios, no se acumulan las defraudaciones de varios años y de varios impuestos, de forma que el límite se aplica para cada impuesto y período impositivo.
Tampoco se computan los intereses, los recargos y las sanciones que se pudieran imponer.
Cooperador necesario: un emisor de facturas falsas no es considerado autor del delito de defraudación tributaria, ya que quien deja de ingresar es la sociedad. Aun así, puede incurrir en responsabilidad penal como cooperador necesario, ya que sin su intervención el delito no se hubiera consumado. Y lo mismo puede suceder con un asesor fiscal que, con mala fe (con dolo), aporta facturas falsas a la Inspección, o si se acredita que incitó al contribuyente a cometer el delito.
Penas aplicables
A cargo de la sociedad
Multa: La pena que se impondrá a la sociedad es la de una multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada . La ley permite que el pago de la multa se fraccione durante un período de hasta cinco años si su cuantía puede poner en peligro la supervivencia de la empresa o el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Penas adicionales: Asimismo, en función de la gravedad de los hechos, el juez podrá imponer a la sociedad alguna de estas penas:
Intervención judicial de la sociedad para proteger los intereses de los trabajadores o de los acreedores por el plazo que sea necesario (nunca superior a cinco años).
Disolución de la sociedad, suspensión de sus actividades o clausura de sus locales durante un plazo máximo de cinco años.
Prohibición temporal o definitiva de realizar las actividades en las que se haya cometido el delito.
Prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas, contratos públicos o beneficios e incentivos fiscales o de Seguridad Social por un plazo de hasta quince años.
Para que se pueda imponer la pena de disolución de la sociedad o de prohibición permanente de realizar las actividades, es necesario que la sociedad sea reincidente o que se utilice como un instrumento para la comisión de delito.
Al administrador de hecho o de derecho
Penas: Respecto al administrador de hecho o de derecho que haya cometido el delito, puede ser castigado con pena de prisión de uno a cinco años y una multa de hasta seis veces la cantidad defraudada. Además, perderá la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas o de disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social durante un período de tres a seis años.
Cuando como consecuencia de los mismos hechos se imponga la pena de multa tanto a la sociedad como al administrador, el juez modulará la cuantía de ambas multas para que la suma total no sea desproporcionada teniendo en cuenta la gravedad de la defraudación.
Procedimiento
En general
Remisión: Si en una revisión a un contribuyente Hacienda entiende que los hechos que se están valorando pueden ser constitutivos de delito, remitirá las actuaciones a los responsables de iniciar el proceso penal, pero podrá liquidar la deuda e incluso recaudarla (salvo que el juez penal paralice el procedimiento, porque la actuación de la jurisdicción penal es prioritaria sobre la administrativa e incluso sus decisiones y criterios prevalecen sobre los dictados por los órganos administrativos).
Decisión: Si finalmente el juez penal dicta una sentencia condenatoria en la que se aprecia un delito, ya no cabrá la imposición de una sanción administrativa. Si se considera que no había delito, reenviará la documentación a Hacienda para que ésta continúe con sus actuaciones (por tanto, la Inspección quedará vinculada por todos los hechos que los jueces hayan considerado probados).
Regularización voluntaria previa
Modelos especiales: Cuando un contribuyente quiere regularizar su situación tributaria de forma voluntaria, puede presentar una complementaria y satisfacer la cuota no ingresada (si lo hace antes de haber recibido una notificación por parte de Hacienda, evita las sanciones y sólo debe ingresar el recargo por ingreso fuera de plazo). Sin embargo, si el importe dejado de ingresar ha superado los 120.000 euros, la presentación de la complementaria no hace desaparecer el riesgo de que Hacienda considere que ha existido delito fiscal y de que remita el expediente al Ministerio Fiscal. Para evitar ese riesgo:
Debe efectuarse una regularización voluntaria completapresentando el modelo 770, en el que, además de la cuota dejada de ingresar, debe satisfacerse tanto el recargo por ingreso fuera de plazo como los intereses de demora correspondientes, sin esperar a recibir la notificación con la carta de pago de Hacienda.
Si la autoliquidación que se desea rectificar es de hace varios años y el modelo de dicho período ya no aparece en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, se debe utilizar el modelo 771 (“Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica”), que deberá utilizarse a modo de declaración complementaria y que sustituye el modelo de autoliquidación original.
En el caso de las declaraciones mensuales o trimestrales, deberá presentarse un modelo 770 o 771 por cada ejercicio anual, incluyendo las cuotas de todos los meses o trimestres regularizados.
Existe la posibilidad de aportar la documentación adicional que se estime conveniente para respaldar los datos consignados en los modelos 770 y 771. Dicha documentación debe presentarse también a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.
En los casos en los que existan dudas sobre la posible comisión de un delito fiscal, siempre es recomendable acudir a un abogado penalista especializado.
Recuerde que, en caso de delito fiscal, pueden ser condenados tanto la sociedad como la persona que comete el delito en nombre de ella. Regularice la situación utilizando los modelos 770 o 771.
Si necesita ayuda con este tema solo tiene que contactar con Paneque Asesores y le ayudaremos en todo momento. Puede ponerse en contacto en el teléfono (+34) 952 22 67 47
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