Si durante el periodo ejecutivo se decide aplazar una deuda, esto no es equivalente a haberla pagado a efectos de calcular los recargos de apremio.
Recargos de apremio
El periodo ejecutivo comienza cuando un contribuyente no realiza una liquidación tributaria dentro del plazo voluntario de pago. La consecuencia es que se aumenta la cantidad adeudada con una serie de recargos que indicamos a continuación (acorde al artículo 28 de la Ley General Tributaria):
- Hay un recargo del 5% si se paga toda la deuda después de que haya pasado el periodo voluntario de pago pero antes de que llegue la notificación de la providencia de apremio
- Hay un recargo mayor, del 10%, si se paga toda la deuda junto al recargo correspondiente del 10% cuando se ha notificado la providencia de apremio y se hace dentro del nuevo plazo concedido
- El mayor recargo, de un total del 20%, que incluye en este caso los intereses de demora, se pone en marcha cuando no se hace el pago de la deuda dentro del nuevo plazo concedido (según el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria)
Aplazamiento
De forma general, y aunque ya haya comenzado el periodo ejecutivo, cabe la posibilidad de que el contribuyente solicite un aplazamiento del pago de la deuda. Sin embargo, no se podrá hacer en caso de que Hacienda ya haya notificado el acuerdo de enajenación de los bienes que se han embargado (según los artículos 65.2 y 65.5 de la Ley General Tributaria).
Recargo del 20%
La solicitud de aplazamiento del pago de la deuda no se puede asimilar en estos casos específicos al pago total de la misma. De esta forma, aunque el recargo de apremio aplicable cuando se solicite el aplazamiento sea del 5% o del 10%, después de que haya pasado el plazo de providencia sin haber pagado el monto total de la deuda, Hacienda puede exigir el recargo del 20% más intereses (según la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2019).
Hasta ahora, este criterio era el que usaba Hacienda (según la Consulta de la Dirección General de Tributos V0830-12), pero lo ha contradicho una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15 de abril de 2015. La razón finalmente se la ha llevado Hacienda.
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