Por ello, los contribuyentes que desde el 15 de junio de 2017 hayan vendido algún inmuebles por un precio inferior al que realizaron la compra y que hayan pagado este tributo, deberán recibir la devolución del importe para el próximo verano ya que se estima que no debió haberse pagado.
El Gobierno debe modificar el impuesto
El Constitucional obliga al Gobierno, dado que este impuesto lo gestiona el ayuntamiento, de modificarlo y adaptarlo a las nuevas exigencias. Una respuesta que se espera inmediata, sin que haya que esperar hasta que esta nueva Ley se desarrolle al completo.
De este modo, cuando no existe incremento de valor y la vivienda se ha vendido por un valor inferior al de su compra, no debería hacer frente a este pago, contemplando además que el sujeto pasivo declarará la transmisión no suja a impuesto, aportando las pruebas necesarias que lo acrediten, teniendo que demostrar que el inmueble no le generó ninguna ganancia patrimonial.
Acreditación de la inexistencia de ganancia patrimonial
Esta reforma entrará en vigor el próximo verano, modificando el cálculo del tributo en los supuestos en los que si exista incremento de valor. En este caso, el porcentaje se basa en el número de años transcurridos desde que se adquirió hasta que se ha vendido, con un máximo de 20 años. Coeficientes que varían entre 0.09 (en ventas inferiores al año) y 0.60 (en ventas igual o superior a 20 años), actualizándose de forma anual y que podría llevarse a cabo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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