¿Cómo actuar ante una Inspección en mi empresa?

¿Cómo actuar ante una Inspección en mi empresa?

Todas las empresas y autónomos están expuestos a una Inspección de Hacienda en cualquier momento, teniendo presente que la misma se puede iniciar sin previo aviso y por dos vías, la notificación y la personación.

Es sobre todo en esta última donde se plantean una serie de dudas por parte de los obligados tributarios y por tanto es necesario conocer cuáles son los derechos que les asisten y las obligaciones frente a la Inspección Tributaria, con el fin de poder actuar de forma correcta y a la vez protegidos ante el inicio de la inspección.

 

¿Cómo actuar ante la inspección tributaria?

La Inspección por personación supone el inicio de una actuación inspectora mediante la presentación del personal de Hacienda en las dependencias de la empresa sin una notificación previa de la misma. Los obligados tributarios tienen la obligación de colaborar con la inspección, poner a su disposición la documentación que estén facultados para requerirles (libros contables y fiscales que estén obligados a llevar, facturas...) y permitir el acceso al interior de las dependencias de la empresa, pero con unas importantes salvedades.

 

La inspección, ¿debe fundamentar la razón por la que inicia las actuaciones inspectoras mediante la personación?

En el caso de iniciarse un procedimiento inspector mediante la personación en las dependencias del obligado tributario, la inspección ha de emitir un informe previo recogiendo los motivos fundados que han llevado a esta práctica, así como darse un elemento imprescindible para este tipo de procedimientos, la necesariedad frente a la propia conveniencia para la Inspección Tributaria.

 

¿Se ha de permitir el acceso al personal inspector en todo caso?

Esta cuestión es la que más dudas suscita y donde los obligados tributarios deben hacer valer su derecho de invulnerabilidad del domicilio.

Por una parte queda patente que según el artículo 18.2 de la Constitución la entrada al domicilio requerirá autorización judicial o previo consentimiento, extendiéndose esta protección al domicilio de las personas físicas y también al domicilio fiscal de los profesionales (autónomos).

Ahora bien, el domicilio social de una sociedad también se considera constitucionalmente protegido en lo referente a las dependencias donde se ejerce la administración y dirección de la sociedad (las labores de dirección y gerencia), tal como se ha pronunciado de forma continuada la jurisprudencia a este respecto.

En los restantes casos será suficiente una autorización administrativa del Delegado Especial de la Agencia Tributaria para el acceso a las dependencias de la sociedad y para la entrega de la documentación requerida.

 

La negativa al acceso del personal de Hacienda en caso de carecer de la autorización judicial y resultar ésta imprescindible, ¿es sancionable?

Evidentemente no, ya que se trata del ejercicio de un derecho constitucional y no puede considerarse como una obstrucción a la actuación inspectora.

 

El inicio de la actuación inspectora, ¿con quién debe realizarse?

De acuerdo con el artículo 147 de la Ley General Tributaria, el inicio de un procedimiento inspector debe hacerse con la presencia del propio obligado tributario, al tener que ser informado en el momento de iniciarse el procedimiento del alcance y naturaleza de la inspección y de los derechos y obligaciones que le asisten en el curso de las actuaciones inspectoras. No confundir ésto con el desarrollo de las actuaciones inspectoras que se vayan a realizar durante el curso de un procedimiento inspector, las cuales sí pueden llevarse a cabo ante la presencia de los responsables de los locales donde se persona la inspección.

 

¿Qué medidas puede tomar la inspección si se le niega el acceso a las dependencias de la empresa?

De acuerdo con el artículo 146 de la Ley General Tributaria, la inspección podrá llevar a cabo una serie de medidas cautelares entre las que se encuentra el precinto o incautación de equipos informáticos y de libros, documentos o archivos, pero siempre teniendo presente que si los mismos se encuentran en las dependencias de la sociedad consideradas domicilio protegido deberán aportar la correspondiente autorización judicial.

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