Muchos son los autónomos que, ya sea por evitar los gastos de alquiler para el desarrollo de la actividad o bien porque la misma puede desarrollarse sin ningún problema desde su domicilio habitual, destinan parte de su vivienda al ejercicio de su actividad económica.
La pregunta que se habrán hecho en innumerables ocasiones es: ¿son deducibles los gastos de la vivienda?, ¿cuáles me puedo deducir?, ¿y en qué cuantía?
En septiembre del presente año, el Tribunal Económico, órgano independiente de la Agencia Tributaria, estableció un criterio para contestar a esta cuestión que tantos problemas ha suscitado y conllevado numerosas comprobaciones por parte de Hacienda.
El criterio a seguir diferencia entre aquellos gastos que derivan de la mera titularidad de la vivienda (IBI, cuotas de Comunidad, amortización del inmueble) y los demás gastos provenientes del uso de la misma (consumo de luz, agua, teléfono, gas, internet…).
En el caso de los primeros, el criterio mantenido no deja lugar a ninguna duda: son deducibles estos gastos en la proporción en que la vivienda habitual se destine al ejercicio de la actividad.
¿Y cómo se calcula dicha proporción? Habría que determinar qué superficie de la vivienda se destina a la actividad y calcular qué porcentaje representa sobre la superficie total de la misma (por ejemplo si la actividad se desarrolla en una habitación concreta del domicilio o en toda una planta, habría que calcular la superficie de estas zonas) y comunicar a Hacienda este porcentaje.
En el caso de los gastos derivados de un consumo concreto, el criterio es un poco más complejo, ya que para calcular la cantidad deducible habría que combinar el porcentaje obtenido en el apartado anterior con el porcentaje que representan las horas semanales dedicadas a la actividad sobre el total de horas de la semana, por lo que claramente la cantidad a deducir como gasto se verá drásticamente reducida, si bien se permite deducir un gasto mayor siempre que el contribuyente consiga probar que ese gasto ha sido necesario en la cuantía que lo deduce para la obtención de los ingresos de la actividad.
Como de costumbre se deja en manos del obligado tributario la carga de la prueba, uno de los elementos más complicados en el derecho tributario, ya que se trata de algo abstracto y donde cabe la interpretación por parte la Administración, entrando en un terreno muy farragoso, donde en la mayor parte de los casos el contribuyente resulta perjudicado.
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